En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos se aprobó el dictamen que conjunta cuatro diferentes iniciativas de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato; para establecer la obligación de los ayuntamientos de dotar un sistema de videovigilancia y memoria de grabación de larga extensión que cubra en forma íntegra el exterior de las instalaciones policiales, así como el interior; y con el objetivo de armonizar la normatividad estatal con la reciente reforma a la Ley General en la materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas.
Susana Bermúdez Cano mencionó las implicaciones técnicas del dictamen en materia de búsqueda de personas, destacando la activación de alertas simultáneas en aeropuertos, centrales de autobuses y entidades bancarias ante un reporte de desaparición para prevenir la salida del país o el uso indebido de cuentas. También, subrayó la vinculación del Registro Nacional de Población (RENAPO) con el sistema de búsqueda, junto al fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda con la incorporación formal de la Guardia Nacional y la obligatoriedad de que las fiscalías cuenten con unidades especializadas en búsqueda inmediata y de larga data.
Mientras que Sergio Alejandro Contreras Guerrero reconoció las aportaciones de los diversos grupos parlamentarios para construir una reforma sensible a la realidad de las víctimas en la entidad, además de que el dictamen logra un reconocimiento más amplio de la condición de víctimas indirectas, asegurando que se les proporcione atención especializada, apoyos educativos, asesoría jurídica y acceso prioritario a los programas sociales tanto estatales como municipales.
Por su parte, la congresista María Isabel Ortiz Mantilla celebró la coincidencia de todas las fuerzas políticas para establecer la búsqueda de personas como un deber y obligación irrenunciable del Estado.
